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Ponentes:

• Mario Garcés Sanagustín, Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide

• Miguel Ángel Lombardía del Pozo, Magistrado de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid

Objetivos La película “Erin Brockovich”, dirigida por Steven Soderbergh en el año 2000 y basada en hechos reales, narra un caso de contaminación de aguas subterráneas empleadas para el consumo humano por cromo hexavalente en una pequeña ciudad al sur del estado de California. En la batalla legal para compensar a los afectados jugó un papel determinante Erin Brockovich (Julia Roberts). Brockovich era una empleada del bufete de Ed Masry (Albert Finney) de Los Ángeles que carecía de formación legal previa y tenía un complejo contexto familiar (divorciada con tres hijos a su cargo). No obstante, su entrega, tesón y compromiso con las víctimas consiguió impulsar el proceso legal que acabaría doblegando a la todopoderosa compañía responsable de la contaminación.La película de Soderbergh podría encuadrarse en el género de los toxic torts o casos de daños ambientales junto a películas como “Silkwood” (1983) de Mike Nichols, un biopic sobre Karen Silkwood, que denunció las violaciones sistemáticas de las normas de seguridad y protección de la salud en la planta de procesamiento de plutonio de la compañía Kerr-McGee situada cerca de Crescent (Oklahoma, EE.UU.), o “A Civil Action” (Acción Civil) (1998) de Steven Zaillian, donde también se aborda un caso real de indemnizaciones a familias con hijos afectados de leucemia por la contaminación de aguas de consumo humano con tricloro y tetracloroetileno procedentes de efluentes industriales, en este caso en Woburn (Massachusetts).La película también nos permite analizar el sistema judicial norteamericano y la capacidad de las grandes corporaciones para evitar las demandas judiciales lo que obliga a las víctimas a acudir al sistema de arbitraje. Las estrategias de ocultación de los riesgos ambientales y laborales que emplean las compañías remiten al modelo conspiratorio: información engañosa para los residentes, connivencia de los médicos de la compañía, amenazas, destrucción de registros comprometedores, e intento de comprar sus propiedades y voluntades ante la reiterada aparición de casos de cáncer.