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En muchas ocasiones, el éxito de la defensa del crédito en situaciones de insolvencia del deudor viene determinado por la solidez de las garantías y por poder acceder al patrimonio de terceros responsables. Entre las garantías más habituales que se suelen constituir, a efectos de garantizar las obligaciones contractuales, se encuentran las cláusulas de compensación y las garantías en relación con deudas contraídas por sociedades pertenecientes al mismo grupo de la sociedad garante (las conocidas como «garantías contextuales intragrupo»).

Dichas garantías encuentran su «test de resistencia» en el procedimiento concursal, donde se libra la batalla entre la protección del conjunto de los acreedores afectados por el concurso –rescisión de la garantías- o la tutela de la contraparte garantizada que confía en la solidez de las garantías obtenidas –mantenimiento de las mismas, con la atribución del privilegio especial, y satisfacción de su crédito mediante la ejecución de tales garantías-. El debate no admite un tratamiento simplista, y han sido los tribunales quienes han venido perfilando el alcance y eficacia de las mismas.

Además, el acreedor nunca debe renunciar a exigir responsabilidades a aquellos que hubieran participado en la culpabilidad del concurso, accediendo de esta manera a satisfacer su crédito con el patrimonio de terceros. La conocida como «responsabilidad por el déficit concursal» dista mucho de estar perfectamente delimitada, y los constantes vaivenes jurisprudenciales, así como las últimas reformas legislativas, no ayudan a ello. Sin embargo, estamos en disposición de ofrecer las notas más destacadas que configuran dicha responsabilidad.     

Desde una vertiente práctica, y en atención a las resoluciones de las Audiencias Provinciales y, sobre todo, la más reciente doctrina del Tribunal Supremo, os proponemos analizar estas tres cuestiones polémicas, que resultan decisivas para dotar al tráfico mercantil de seguridad jurídica.