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En la actual sociedad digital, la identidad digital, es decir, el perfil digital que se obtiene a partir de la información disponible sobre una persona en la red constituye un elemento muy relevante para la oferta y prestación de bienes y servicios en internet.

En este ámbito, existe un amplio abanico de tratamientos relacionados con la identidad digital que pueden ir, desde la identificación y autenticación ante las administraciones públicas, hasta el tratamiento de la huella digital obtenida del perfil de los usuarios de internet mediante el análisis del conjunto de su actividad en la red.

La consecuencia es que dichos tratamientos implicarán distintos volúmenes de información, distintas finalidades y distintas tecnologías y, por tanto, distintas garantías.

Los prestadores que ofrecen productos y servicios relacionados con la identidad digital deben cumplir con el principio de responsabilidad proactiva y la aplicación de medidas y garantías orientadas a la gestión del riesgo para sus derechos y libertades.

El principio de responsabilidad proactiva implica la adopción de medidas de privacidad de datos desde el diseño y por defecto, análisis de riesgos para los derechos fundamentales y libertades de los afectados y, en su caso, evaluaciones de impacto en la protección de datos personales (EIPD).

Asimismo, debe destacarse la relevancia de que faciliten una información clara, transparente, comprensible y accesible para que los usuarios puedan conocer los tratamientos que realizarán y sus finalidades, identificando, en particular, las bases jurídicas que legitimen el tratamiento de los datos.

Especialmente, si se adoptan decisiones automatizadas, se utilizan tecnologías como la inteligencia artificial y se elaboran perfiles mediante decisiones automatizadas basados en su actividad en la red o en la información que hayan aportado terceros sobre ellos. Estos tratamientos pueden generar situaciones de desigualdad, discriminación o generación de sesgos de los usuarios.

Los tratamientos relacionados con la identidad digital pueden tener lugar, entre otros,  en el ámbito de las Smart cities o la videovigilancia y la seguridad pública, siendo necesaria la adopción de garantías específicas para ellos.

Del mismo modo, debe garantizarse el derecho al olvido en búsquedas de internet, el bienestar digital de los menores, así como la articulación de medidas para dar una respuesta eficaz a la violencia digital. Medidas a las que debe contribuir la Agencia Española de Protección de Datos, no sólo mediante el ejercicio de sus competencias, si no también asumiendo compromisos de responsabilidad social.

El programa se dirige a un elevado número de alumnos con el siguiente perfil: empresas, prestadores de servicios digitales, administraciones públicas, profesionales, investigadores e interesados en la materia.