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La violencia de género es un problema estatal; para ser solucionado se requiere medidas efectivas por parte del Estado, el cual debe asumir un rol protagónico implementando en su ordenamiento interno disposiciones internacionales de protección de la mujer y lucha contra la violencia de género. Se precisa, por tanto, por parte del Estado adoptar medidas para combatir el femicidio, la creación de leyes especiales de violencia contra las mujeres y el impulso de políticas públicas enfocadas en los derechos de estas. Además, los Estados deben procurar el removimiento de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; así como redimensionar el papel que la educación tiene para construir y de construir estereotipos de género.

Los tratados internacionales de protección de derechos humanos asícomo diversos procesos de monitoreo y seguimiento de su aplicación, junto a la diversa jurisprudencia de los Tribunales internacinales (CIDH, TEDH, TJUE…) han establecido estándares regionales e internacionales que deben ser conocidos y aplicados por los Estados adecuadamente en la lucha contra la violencia de género.Estos estándares o principios son aplicables en los procedimientos judiciales e institucionales que señalan, claramente, la obligación de incorporar la perspectiva de género y las especificidades a tomar en cuenta en este tipo de violencia.