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A raíz de la Resolución 1815 del Consejo de Europa del 27 de mayo de 2011, de la declaración de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer del 31 de mayo de 2011 incluyendo a los campos electromagnéticos como potencialmente cancerígenos y de la reciente Sentencia 8/2012 del Tribunal Constitucional, consideramos urgente un nuevo marco jurídico que aborde la necesidad de actualizar una normativa claramente desfasada y miope con el estado de la ciencia y la preocupación social por los riesgos para la salud de los CEM.