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El Sistema Universitario Español (SUE), y el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), han sufrido en los últimos años una profunda y continuada transformación. En esta coyuntura, propiciada por la proliferación de leyes y desarrollos reglamentarios, han sido los recursos humanos los que han alcanzado una mayor y más controvertida modulación y reestructuración.

Se comenzó con el dictado de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y con su posterior modificación en el año 2007, por la Ley Orgánica 4, si bien fue la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la que nos avocó a un cambio más amplio y de mayor calado; habiéndose consolidado con normas tales como Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa o el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Ahora bien, no sólo la legislación específica de la materia ha ahondado en el régimen jurídico del personal destinado a prestar servicios en el SUE y en el SECTI, sino que tanto el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público –y su respectiva normativa de desarrollo y modificaciones sucesivas-, han propiciado que elementos esenciales de la configuración de este régimen se hayan visto transformados o adaptados a nuevos conceptos y parámetros de entendimiento de lo que ha de ser la prestación del servicio público, graduando la atención en elementos de la más varia índole.

Por tanto, deviene en esencial que hagamos un estudio general de la materia, una valoración de los cambios acaecidos, y una reflexión sobre cuáles son objetivos que el SUE y el SECTI debe cumplir, y si tiene los elementos personales necesarios para ello, o bien el régimen jurídico que hemos ido construyendo para ello resulta insuficiente y/o confuso.

Debiéndose terminar el análisis, como no podía ser de otro modo, con la aportación de ideas que puedan conllevar, en su caso, la consolidación de un marco legal más apropiado, riguroso y simple, que el que en la actualidad se viene aplicando.

PROGRAMA Jueves 24

De 09:00 horas a 14:00 horas

INAUGURACIÓN

D. Juan María Vázquez Rojas, Secretario General de Universidades

D. César Nombela Cano, Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Ponencias y debate

Modalidades contractuales y categorías profesionales. Santiago González Ortega, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pablo de OlavideDerechos y deberes. Juan García Blasco, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Zaragoza.

De 15:30 horas a 20:30 horas

Ponencias y debate

Selección, Acreditación y Acceso. Arturo Galán González, Profesor Titular, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)Régimen Retributivo. Prof. Dr. Alberto Vaquero García, Profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo

Viernes 25

De 09:00 horas a 14:00 horas

Ponencias y debate

Régimen aplicable a la dedicación y la movilidad. Diego Cámara del Portillo, Abogado

Explotación y cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial del personal. Sara de Román Pérez. Abogada. Litigación y Arbitraje. Pérez-Llorca

De 15:30 horas a 20:30 horas

Ponencias y debate

Programas de captación de talento. Fernando Cossío, Scientific Directo, Ikerbasque, Basque Foundation for Science

Análisis del papel de las Agencias. Dr. Enric Carrera Gallissà. Profesor Titular de Universidad. Universitat Politècnica de Catalunya

CLAUSURA

Dña. Marina Pilar Villegas Gracia, Directora General de Investigación Científica y Técnica

Prof. Dr. D. Domingo Bello Janeiro, Director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Galicia

DESTINATARIOS

Juristas, técnicos y gestores del ámbito universitario, de las consejerías competentes en materia de educación superior de las comunidades autónomas y del ministerio competente en materia educación y ciencia. Así como responsables políticos y académicos en materia de educación superior y estructuras de ciencia e investigación.