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Son muchos los autores que, como N. Bobbio, consideran llegado el “tiempo de los derechos” y la necesidad de concentrar los esfuerzos políticos y jurídicos en la eficacia de los mismos, más que sobre su enunciación, muchas veces hueca y vacía. Esto se logra, a través de la política, y sólo gracias a la plasmación de una ética pública en el ordenamiento jurídico constitucional. Parte de esta ética pública son las llamadas “garantías” de los derechos fundamentales, recurso en el que se apoya tanto el principio de legalidad, como el principio democrático esenciales para el funcionamiento del Estado de Derecho.

En este curso se trata de exponer de manera fácil, comprensible y pensando en los estudiosos del Derecho comparado las garantías existentes en el ordenamiento jurídico español. Las garantías jurisdiccionales, normativas e institucionales recogidas en un ordenamiento jurídico cualquiera son la vara de medir con la que cuentan los juristas para constatar dicha eficacia, tal y como se verá en el curso. De esta forma, se exponen las garantías jurisdiccionales o individuales por vulneración de los derechos subjetivos de los individudos; las garantías normativas, es decir, aquellas que emanan de la Constitución y que garantizan más allá de la Ley el cumplimiento de los mandatos legislativos; por último, las garantías institucionales, o aquellas que forman parte de un órgano del Estado o son en sí una institución defensora de los derechos fundamentales.

Se presentan de esta forma, por un lado, las cuestiones básicas de Derecho positivo que regulan la protección de los derechos fundamentales en España. Por otro, incidiendo en el estudio de la teoría de los derechos fundamentales, se pone de relieve la distinción entre garantías y derechos fundamentales (cuya confusión es parte de un error común) y su relación complementaria pero no idéntica.

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