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Más de cuarenta años después de la muerte del dictador, la indiferencia hacia la memoria histórica y la negación de derechos a sus víctimas continúa siendo una lacerante fuente de inequidad en el estado español.La Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas recuerda con insistencia que la historia de su opresión pertenece al patrimonio de los pueblos y debe ser preservada por los estados con medidas apropiadas (Principio 2, el Deberde la Memoria). El Principio 18 de los Deberes de los Estados para la Administración de Justicia establece que la impunidad acerca de la memoria histórica es una infracción de la obligación que tiene el estado de:• Investigar las violaciones de los derechos de la ciudadanía y procesar, juzgar y condenar a sus autores.• Garantizar a las víctimas la reparación del perjuicio sufrido,• Evitar la repetición de dichas violaciones.

El Estado Español aprobó en 2007 la Ley de la Memoria Histórica y el Parlamento Andaluz, la Ley 2/17 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Sin embargo, la falta de compromiso de los gobiernos, la escasa dotación presupuestaria, y losprivilegios que conservan grupos anes a la dictadura están entorpeciendo gravemente que los pueblos de España se reconcilien con su historia reciente. Finalidad de las Jornadas.Jueces y juezas para la Democracia (JjpD) y el Centro de Investigación y Acción Comunitaria (CESPYD) de la Universidad de Sevilla impulsan estas jornadas para promover conciencia crítica y conocimiento compartido en la sociedad de que larestitución de la memoria histórica y la restauración de los derechos de sus víctimas no es tarea de élites que ocupan el poder. Será el logro de una ciudadanía que aboga por leyes y políticas justas, y vigila su complimiento. Estas jornadas son un espaciopara la reexión, el dialogo y el compromiso de la ciudadanía con su derecho a la memoria.