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Somos partícipes de una etapa de nuestra historia que está dando un brusco giro hacia una nueva era. Por un lado, vivimos en un momento en la que las nuevas tecnologías han llegado a plantear la sustitución del aparato estatal ordinario, incluyendo no sólo lo relativo la burocracia ordinaria sino, incluso, a la Administración de Justicia o la electoral, por un modelo virtual, en el que las relaciones personales se sustituyan por un sistema electrónico que permita realizar trámites desde cualquier parte del mundo y en la que se deje constancia de cualquier actuación. Esto permite plantear si la creación de una Democracia al estilo ateniense, donde todos los asuntos se someten al conjunto de la ciudadanía, a través de un foro político electrónico, es un modelo a evitar o a desarrollar. Pero también se crean nuevos peligros que antes no existían, como el ciberterrorismo, el pirateo informático e, incluso, la eventual alteración fraudulenta de los datos de los usuarios por parte del Ejecutivo. Este desarrollo también nos obliga a analizar el tratamiento jurídico a la que se debe someter a la Inteligencia Artificial (IA), no sólo como instrumento a través del cual se puedan cometer infracciones, como la vulneración de derechos de autor o el falseamiento de trabajos académicos, sino también si las mismas pueden llegar a sustituir algunas de las profesiones jurídicas, como son los jueces y legisladores. Incluso se plantea si esta innovación puede ser sujeto de derechos, incluso laborales, o de responsabilidades. En definitiva, se trata de estudiar la IA como sujeto y objeto de derechos y obligaciones, lo que obliga a replantear todo lo que sabemos sobre el concepto de persona como sujeto político.