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Ponentes:

Mario Garcés Sanagustín, Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide

Alberto Palomar Olmeda, Abogado en el Área de Derecho Administrativo en Broseta Abogados. Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide

Antonio Ramón Rodríguez Castaño, Socio Director de Rodríguez Castaño Abogados

Moderador:

 Santiago Martínez Argüelles, Subdirector Técnico del Departamento del Área Político-Administrativa, Tribunal de Cuentas. Profesor Titular de Economía Aplicada, Universidad de Oviedo

Objetivos:Resulta manido comenzar ahora cualquier escrito de contenido jurídico/económico (incluso de cualquier área del saber humano) hablando de la situación provocada por la pandemia, de sus efectos y de las perspectivas de futuro. Pero resulta inevitable y más inevitable si lo que se pretende, como ocurre en esta sesión, es tratar de la regulación de las subvenciones/ayudas públicas dada la incidencia que se espera que tengan las mismas en la recuperación económica.Los Estados tienen planificado incidir sobre la situación económica mediante la concesión de ayudas públicas de gran cuantía, sin ir más lejos en España se prevé invertir 140.000 millones de fondos europeos procedentes del Next Generation y ya se está tramitando la concesión de otras ayudas como las ayudas directas reguladas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.En esta sesión se pretende reflexionar sobre la regulación legal de las subvenciones y ayudas partiendo de dos ideas: la inadecuación de la Ley General de Subvenciones en una situación general de suspensión de la actividad económica, como ocurrió en el pasado año durante la época del confinamiento, donde si existía una previsión aplicable a los contratos públicos y la situación de creciente dispersión normativa con la consiguiente inseguridad jurídica, pues actualmente existen tres regímenes jurídicos principales aplicables a las subvenciones y ayudas públicas, la Ley General de Subvenciones, las normas del Real Decreto-Ley 36/2020 para los fondos procedentes del Next Generation y el citado Real Decreto-ley 5/2021.