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Intervinientes:• Rafael Domínguez Olivera, Abogado Del Estado-Jefe, Ministerio de Fomento. Miembro del Consejo Académico de Fide• Alberto Palomar, Abogado en el Área de Derecho Administrativo en Broseta Abogados. Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide• Diego Pérez Martinez, Abogado del Estado. Director de la División Jurídico-Institucional, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AirefObjetivosEl marco de la contratación pública se presentaba, a menudo, como estabilizado como consecuencia de la publicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y que iniciábamos un periodo de configuración de las novedades y de las instituciones que la misma ha introducido.Sin embargo, la aparente consolidación de este marco se ha visto repentinamente afectada por la situación de declaración del estado de alarma y, específicamente, por el conjunto de disposiciones que al hilo del mismo se han ido dictado y que han acabado afectando al marco de la contratación administrativa de una forma puntual y para la emergencia y de una forma menos puntual como consecuencia de las suspensiones de los diferentes tipos de contratos públicos que tienen suscritos los contratistas con las Administraciones públicas.La afección contractual producida en estos momentos se ha convertido en una normativa compleja con una proyección sobre realidades obligacionales establecidas y sometidas a una dinámica propia que ha sido alterada con decisiones que inciden en la fase de la ejecución del contrato y que implican una redefinición del marco obligacional previo que está llamado a presentar una evidente complejidad interpretativa.La sesión tiene por objeto el análisis de las medidas adoptadas y de los problemas interpretativos que están planteados en relación con el marco previo de las obligaciones contractuales de las Administraciones Públicas.