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La práctica totalidad de los partidos que se presentan a las próximas elecciones generales han introducido en sus programas propuestas de modificaciones muy relevantes de la tributación del ahorro y de los impuestos patrimoniales en el ámbito de las personas físicas. Estas modificaciones se unirían a las que desde las Comunidades Autónomas se están propugnando para incrementar o modificar el Impuesto sobre el Patrimonio (que se prorrogaría, al menos, hasta 2016) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como a recientes resoluciones de los Tribunales que interpretan de forma restrictiva la aplicación de los beneficios fiscales aplicables a la tenencia y transmisión de la empresa familiar.

En este contexto, por un lado, resulta conveniente revisar la estructura de inversión y organización del patrimonio empresarial en el ámbito de las empresas familiares, al objeto de optimizar la rentabilidad de las mismas desde un punto de vista financiero-tributario.

Y por otro lado, tras la aprobación de la reforma de mayor calado en la Ley General Tributaria, es necesario reflexionar cómo puede ayudar en la lucha contra al fraude fiscal y cómo puede afectar su implementación práctica a las empresas familiares, en concreto: la posibilidad de sancionar las operaciones denominadas de “ingeniería fiscal”, la posibilidad de sancionar ejercicios prescritos por la Inspección, los efectos de la prescripción en obligaciones tributarias conexas, el nuevo plazo del procedimiento inspector y la posibilidad de actuar de la Administración cuando existe delito fiscal, entre otros aspectos de la reforma.