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La contratación pública debe ser regulada desde la óptica de consecución efectiva y eficiente de la prestación demandada, pues no es un fin en si mismo sino una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus políticas públicas donde radica el cumplimiento de los fines públics que debe prestar la Administración Pública.La nueva LCSP ha introducido novedades significativas, tanto en cuanto a los procedimientos de adjudicación como en lo que se refiere a los criterios para realizarla, que merecen ser analizados. Nuevos procedimientos, reestructuración de los existentes para garantizar mayor transparencia son aspectos que presentan un novedoso interés.