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Ponentes:

•  Jorge Luis Fernández Vaquero, Magistrado titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de JEREZ DE LA FRONTERA. Portavoz nacional de la AJFV.
•  Santiago Soldevila Fragoso, Magistrado de la Audiencia Nacional. Consejero Académico de Fide

Moderadora:

•  Cristina Jiménez Savurido, Presidente de la Fundación FIDE.

Objetivos:En virtud de las relaciones que Fide mantiene, celebramos esta sesión con la colaboración de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV)La Unión Europea se fundamenta en los valores esenciales de respeto a la dignidad y los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad, la seguridad jurídica, la justicia y el Estado de Derecho. Todos estos valores, principios y derechos están garantizados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) en su labor de velar por la adecuada aplicación e interpretación del Derecho que los Estados miembros vienen realizando a través de sus respectivos órganos jurisdiccionales. Corresponde a los Estados miembros establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. A ello cabe añadir que, dentro del ámbito comunitario, constituye un objetivo primordial la preservación y efectividad del espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores.Así, la Unión Europea ofrece a sus ciudadanos un lugar en el que esté garantizada la libre circulación de personas y los derechos fundamentales y libertades de la Carta, todo ello sometido al Estado de Derecho, lo que, en última instancia y en todo caso, requiere de jueces independientes en sus Estados miembros. No hemos de olvidar, en fin, que los jueces de los Estados miembros son jueces de la Unión Europea que garantizan la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, realizando la aplicación imperativa y descentralizada del Derecho de la UE a través del enjuiciamiento, la interposición de cuestiones prejudiciales ante el TJUE y los mecanismos de cooperación judicial de la UE. Sin embargo y a diferencia de los jueces integrantes del TJUE, los jueces nacionales de los Estados miembros de la UE carecen de un estatuto común que, en su condición de jueces de la Unión Europea, les garantice los estándares mínimos de independencia necesarios para preservar la aplicación del Derecho de la Unión en el marco de las reglas del Estado de Derecho.Aunque, en general, los principios fundamentales y las garantías básicas de la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial están consagrados en los textos constitucionales de los Estados Miembros – o forman parte de sus tradiciones constitucionales – se ha comprobado en los últimos años cómo en algunos Estados miembros aquellos principios y garantías han sido sometidos a importantes tensiones. La Comisión Europea ha identificado estos desafíos en sus Informes anuales sobre Estado de Derecho en la Unión y en cada uno de sus Estados miembros, la Unión Europea ha puesto en marcha distintos mecanismos destinados a reforzar el Estado de Derecho en todos los Estados Miembros y la jurisprudencia del TJUE ha venido resaltando la importancia de respetar determinadas reglas esenciales para la preservación de la independencia, imparcialidad e inamovilidad de los jueces, como garantía esencial de los derechos y libertades de los ciudadanos de la Unión.Un grupo de trabajo formado por jueces integrantes de la AJFV ha elaborado un documento en el que se plasman unas directrices sobre el establecimiento de un mínimo común exigible en toda la Unión Europea para asegurar la independencia, imparcialidad e inamovilidad de sus jueces. Con ello pretenden incitar a la reflexión acerca de la necesidad de explorar vías para reforzar la independencia de los jueces de la Unión, en un momento histórico en el que, en algunos Estados Miembros, el Poder Judicial está enfrentando retos difíciles.Una vez elaborado el documento, desde la AJFV se considera esencial su divulgación y puesta en conocimiento de la sociedad civil. Se persigue con ello un triple objetivo:1. Trasladar la relevancia de preservar la independencia judicial por las indeseables consecuencias que su ausencia pudiera conllevar.2. Articular desde las instituciones comunitarias mecanismos que conjuren el riesgo de que aquella independencia pueda verse mermada en un futuro más o menos próximo, y3. Abrir la posibilidad de que desde otros colectivos – también implicados en la consecución de un objetivo de tutela judicial efectiva – se realicen aportaciones que puedan mejorar la propuesta de directrices de referencia.