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Se propone aquí la celebración de un evento científico en el marco del Acuerdo Universitario de Cooperación Internacional, firmado entre las universidades Seconda Università di Napoli, Università degli Studio di Milano, Università degli Studi Roma Tre, Universidad de Sevilla, Universidad de Burgos y Universidad de Huelva a fecha de 7 de mayo de 2015. Mediante dicho convenio las citadas universidades se comprometen mutuamente a promover y fomentar la cooperación científica y /o académica, la organización de eventos como conferencias, congresos y mesas redondas así como la elaboración de proyectos de investigación, en  particular sobre el tema de la cooperación judicial en materia penal entre Italia y España con especial consideración, tanto de los cambios normativos producidos en el ámbito de la Unión Europea como su traslado a los respectivos ordenamientos jurídicos de sendos países dentro del marco procesal penal.

De este modo, a partir de la firma del Tratado de Lisboa a fecha de 13 de diciembre de 2007 y la introducción del artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ha tenido lugar la promulgación en el seno de la Unión Europea de abundante normativa procesal penal de obligado cumplimiento en los Estados miembros mediante la fórmula de directivas que han de ser transpuestas en tiempo y forma en la legislación nacional. La base jurídica para ello se encuentra en sendos principios descritos en anterior artículo 82.1 TFUE, así principios de reconocimiento mutuo y aproximación legislativa, que articulan hoy día la cooperación judicial en materia penal existente entre los distintos Estados Miembros. Tal es el caso de España e Italia, país este último que se utiliza aquí como particular parámetro comparativo dada la proximidad de su sistema procesal penal con el propio.

La presente jornada se dirige así de modo fundamental al alumnado de la asignatura de Derecho Procesal Penal de sendas titulaciones de Doble Grado Derecho y Administración de Empresas así como Grado de Derecho de la Universidad de Burgos, si bien su interés alcanza a alumnado de otras titulaciones (a modo de ejemplo, Ciencias Políticas) y lugares así como a investigadores, profesorado y profesionales de la administración de Justicia (jueces y magistrados, fiscales, letrados de la administración de Justicia, abogados y procuradores …) u otros funcionarios públicos (funcionarios policiales o de otras Administraciones Públicas).

Su objeto de estudio se enmarca en el proceso penal a partir de la promulgación de los distintos instrumentos jurídicos procesales que dan lugar a los diversos mecanismos puestos al servicio del proceso penal nacional para la consecución de sus fines y así, entre otros, orden europea de detención y entrega al igual que la reciente orden europea de investigación. Ello sin olvidar la observancia de las necesarias garantías procesales de imputados e investigados en el proceso penal así como, ahora también, la protección de víctimas del delito, cuya legislación procesal penal aplicable en Estados miembros también ha sufrido importantes modificaciones como resultado de la promulgación de directivas europeas.

Por esta razón, la presente jornada se articula en torno a tres ejes fundamentales que dan lugar al programa anexo, cuales son la investigación del hecho delictivo, los derechos procesales del imputado y la protección de la víctima. Las tres materias a día de hoy forman parte del objeto de estudio del proceso penal español y por ello del programa docente de dicha asignatura en las facultades de Derecho estatales, siquiera en el caso español. Para ello se propone el examen de los instrumentos procesales penales europeos que se consideran de mayor relevancia en el sendo del proceso penal dentro de los tres ejes descritos y que hacen uso indistintamente de los principios jurídicos antes enunciados, reconocimiento mutuo y aproximación legislativo. El examen de los mismos se realizará desde la doble perspectiva europea y nacional, en este caso española e italiana como importante extremo comparativo en la línea anunciada.

Así, de modo concreto se propone, en primer lugar, el examen de instituciones procesales hoy contenidas en la Ley de 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, tales como la orden europea de detención y entrega así como la orden europea de protección, esta última en materia de protección de la víctima del delito, como modelo de los restantes instrumentos allí contemplados, ante la imposibilidad de un estudio completo de la citada legislación. A ello se añade el estudio de la orden europea de investigación, de próxima implantación en sede nacional ante la importancia de la misma para la instrucción del proceso penal y en cuanto sustitutoria del aún parece que vigente exhorto europeo de obtención de pruebas, pese a su limitada eficacia.

De la misma forma se propone, en segundo lugar, el estudio de las directivas en materia de derechos procesales del imputado que en España ha supuesto la introducción de importantes reformas en la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 fundamentalmente a partir de las Leyes Orgánicas 5/2015, de 27 de abril, y 13/2015, de 5 de octubre, al efecto de incorporar las previsiones europeas en materia de derecho al intérprete y traducción, derecho a la información así como derecho a la asistencia letrada para imputados y/o investigados en procesos penales. En tercer lugar, en materia de protección de víctimas del delito, se propone el estudio, además de la citada orden europea de protección, de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, y su transposición en España a partir de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

Por supuesto, todas las instituciones y legislación procesal penal española antedicha encuentran su parámetro en Italia, cuyo estudio será igualmente realizado por reputado profesorado de las universidades italianas firmantes del acuerdo en su día suscrito y arriba indicado, al que se añade el convenio específico adjunto para la realización de la correspondiente actividad. Igualmente y junto al profesorado español firmante del presente acuerdo, se propone la intervención de otros investigadores miembros del grupo de investigación “La cooperación judicial civil y penal en el ámbito de la Unión Europea: instrumentos procesales (CAJI)” reconocido por la Universidad de Burgos así como participantes de los proyectos investigadores coordinados a la fecha desde la Universidad de Burgos (IP Mar Jimeno Bulnes).

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2016 (Incluye las recientes novedades introducidas por la reforma del Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal)