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El principal indicador que mide la eficiencia de la justicia es la duración de los procedimientos judiciales, es decir, el tiempo transcurrido entre el inicio del litigio y su resolución judicial. Pero la respuesta judicial, requiere, en muchos casos, de la necesidad de acudir a procesos de ejecución forzosa, para la satisfacción de la condena, sobre todo cuando tiene un contenido dinerario.Siendo la ejecución es la última etapa del proceso judicial y debiendo resultar ágil y eficaz, es un hecho comprobado en nuestro sistema judicial, que transcurre un largo espacio de tiempo hasta la ejecución efectiva de una sentencia, lo que genera un riesgo y unos costes adicionales que pueden ser muy importantes para las empresas o particulares afectados.En otras legislaciones procesales del entorno de la Unión Europea, se contempla la figura del agente de ejecución, que con carácter publico o privado, se encarga de ejecutar las sentencias judiciales y demás títulos ejecutivos, hasta la completa satisfacción del acreedor.El objetivo de esta Jornada es hacer un estudio comparado de las legislaciones en materia de ejecución para comprobar la posibilidad de introducir en el Derecho Procesal Español esta figura, teniendo en cuenta las características del proceso de ejecución y las medidas que se pueden adoptar dentro del mismo.

Ponentes:

- Pilar Llop Cuenca, Magistrada en situación administrativa de servicios especiales. Ha trabajado en diversos países de la Unión Europea y en situación de pre-adhesión en temas relacionados con reformas de los sistemas judiciales. Trabajó en Bulgaria como Asesora Residente en el Proyecto Twinning de reforzamiento del sistema judicial búlgaro.

-José Luis Encinar Telles, Abogado.

Moderadora: Carmen Giménez Cardona, Procurador de los Tribunales Vocal V de la Junta de Gobierno del ICPM.