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Desde principios del siglo XXI, las administraciones públicas se enfrentan al reto de su transformación digital. Son muchas y variadas las iniciativas que, a nivel legislativo y de políticas públicas, se han tomado en los últimos años en los países europeos con el objetivo de simplificar los trámites y procedimientos administrativos, facilitar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y, en general, digitalizar la administración. Sin embargo, a pesar de los avances realizados, se observa una doble carencia. Por un lado, se ha puesto el acento en las relaciones entre la administración y los ciudadanos, mientras que la organización interna de la administración permanece en un segundo plano; por otro, se ha hecho hincapié en las herramientas de gestión de las relaciones exteriores, descuidando la gestión de la información y el análisis de los datos correspondientes. En los últimos años, sin embargo, estamos asistiendo a una lenta, pero progresiva implementación de sistemas de inteligencia artificial (IA) en los procesos de toma de decisiones administrativas, con el consecuente impacto a nivel interno y externo.

En el marco descrito, el X Congreso RIDE está dedicado a la transición digital y pretende debatir, desde una perspectiva jurídica, el paso de la mera modernización a la verdadera innovación en la actuación de la Administración Pública favoreciendo la implantación de IA en el sector público con garantías. Y pretende hacerlo desde el análisis de la aplicación de la IA desde tres perspectivas diferentes.

En primer lugar, desde el marco normativo europeo, con especial atención al Reglamento de la IA que, previsiblemente, será aprobado en breve, y a los casos más significativos discutidos por los tribunales europeos.

En segundo lugar, a través de una visión comparada de las distintas respuestas que se están dando a este fenómeno en los sistemas jurídicos nacionales. La regulación de la IA supone un reto para el derecho público y, más concretamente, para el derecho administrativo. Por lo tanto, uno de los objetivos de este congreso es debatir sobre cuál debería ser el alcance del uso de la IA en el sector público en relación con tres aspectos fundamentales: transparencia, motivación y control. La cuestión es si es posible mantener los mismos conceptos, principios y estándares de legitimidad, legalidad y control que existen en la actualidad o si, por el contrario, es necesario diseñar nuevas instituciones e instrumentos.

Por último, las propuestas para regular la IA deben estar en estrecho contacto con los problemas concretos que la IA puede fomentar y, en este sentido, el congreso RIDE propone debatir los efectos sobre el sector de la contratación pública. La elección se debe a múltiples razones, como la importancia económica y organizativa de esta actividad para cualquier administración, la accesibilidad y el importantísimo volumen de datos existentes en este campo, y el significativo impacto sobre los ciudadanos desde el punto de vista de la legitimidad del poder público, dado que se trata de un ámbito proclive a fomentar la corrupción y la mala administración. El uso de algoritmos predictivos, entre sus principales objetivos, puede de hecho servir también como herramienta para detectar la corrupción administrativa.