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En el contexto de una economía que tienda a basarse en el conocimiento se hace imprescindible fomentar y facilitar la incorporación al sistema productivo de los resultados de la investigación obtenidos en las Universidades y centros de investigación financiados, en su totalidad o en parte, con fondos públicos. Y ello como medio para que dichos resultados sean implementados y sus beneficios alcancen al conjunto de la sociedad. Esta incorporación exige una previa puesta en valor del conocimiento obtenido mediante los procesos de investigación, lo que, a su vez, implica una previa y adecuada protección, así como el desarrollo de los correspondientes mecanismos encaminados a lograr su transferencia. Esta protección y transferencia del conocimiento plantea problemas y tensiones en buena media motivadas por la falta de adecuación de las normas a esta nueva realidad, convirtiéndose el Derecho, en numerosas ocasiones, más en el problema que en el deseable cauce de solución entre los diferentes intereses en juego.
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