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Los operadores del mercado financiero (entidades de crédito, servicios de inversión etc.) suelen ofrecer al público en general y a las empresas diferentes productos e instrumentos financieros en el marco de su actividad.

Últimamente algunos de dichos productos, como las participaciones preferentes, son objeto de polémica, ocupando no solo los medios de comunicación sino los tribunales.

Esta situación obliga a revisar determinadas zonas grises en la normativa y en la práctica sobre las competencias de las entidades comercializadoras, los deberes de información previa precontractual y durante la vida del contrato y, muy en especial, el contenido del folleto informativo.

La falta de claridad regulatoria y, a veces, unas prácticas inadecuadas de los operadores crean un escenario de responsabilidades que están dando lugar a reclamaciones en solicitud de nulidad del contrato e indemnización de daños y perjuicios.

El seguro de los operadores se ve involucrado de forma directa, dando lugar a situaciones conflictivas sobre el alcance de la cobertura y la defensa jurídica.

El RD Ley 6/2013 destinado a la protección de los titulares de productos de ahorro en inversión prevé el arbitraje, que no está alcanzando el efecto general previsto. También es objeto de discusión la validez de la cláusula de sometimiento a arbitraje (SAP de Valencia, de 17 de octubre de 2012).

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