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Intervinientes:-Jesús Quijano, Vocal Permanente de la Sección de Derecho Mercantil, Comisión General de Codificación. Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Valladolid. Consejero académico de -Allen&Overy. Miembro del Consejo Académico de Fide.

-Rafael Piqueras, Secretario General y del Consejo de Administración de Enagás S.A.

-Sergio González, Socio del Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues

-Rafael García de Diego, Secretario General y del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A.

-Carlos Saez, Director de Desarrollo de Negocio de Georgeson.

Moderador: Rafael Mateu de Ros, Socio de Ramón&Cajal. Miembro del Consejo Académico de FideObjetivos: Durante mucho tiempo los inversores institucionales no estuvieron excesivamente preocupados por ejercer la capacidad de control que podía corresponder, a través de sus derechos políticos, a la participación en el capital de las sociedades cotizadas en que invertían. Esa situación está cambiando con evidente rapidez, sea porque la legislación societaria lo favorece, sea porque la experiencia de la crisis impulsa a tales inversores a implicarse más, al menos tomando posición en las juntas generales.En ese contexto han aparecido en escena unos nuevos sujetos cuya función es precisamente proporcionar información a los citados inversores con el fin de orientar su voto. La capacidad de influencia de estos “proxy advisors”, o asesores de voto, al igual que ocurre con las grandes auditoras, o con las grandes agencias de calificación, puede resultar decisiva en el desarrollo estable de las sociedades afectadas, especialmente en relación con algunos asuntos (la aprobación de las cuentas, el nombramiento de administradores, las decisiones estratégicas, etc.), que suelen ser objeto principal de su asesoramiento.

En la actualidad resulta de especial interés el examen de la función que cumplen estos agentes, qué relación establecen con los inversores que demandan sus servicios y con la sociedades objeto de su análisis, y, en suma, qué responsabilidad deben asumir en proporción al volumen de su influencia.

Resulta asimismo de interés analizar los criterios que, en su relación directa con las sociedades cotizadas, mantienen los inversores institucionales por sí mismos en la medida en que la homogeneidad de algunos de dichos criterios representa o anticipa nuevas tendencias en el mundo del buen gobierno corporativo.

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Sociedades Mercantiles 2016