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El II Congreso bienal sobre seguridad jurídica y democracia en Iberoamérica está dedicado al tema general “Seguridad Jurídica, Pobreza y Corrupción”, y está organizado por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona. El congreso continuará la tarea iniciada el año 2013, cuando se celebró en la ciudad de Girona el I Congreso bienal. El evento pretende ser, además, un punto de encuentro de todos los juristas iberoamericanos, con el objetivo fortalecer nuestras instituciones y mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos.

La temática escogida para este segundo Congreso reúne una serie de cuestiones de suma importancia para la realidad iberoamericana. En América Latina la pobreza y la indigencia han descendido en los últimos años pero aún quedan millones de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza; en la Europa ibérica, por su parte, nuevas manifestaciones de pobreza han aparecido tras la crisis económica y las nuevas oleadas de inmigración. En ambos márgenes del Océano Atlántico los problemas de corrupción son cada vez más preocupantes. Como es sabido, la relación entre corrupción y pobreza ha sido establecida en estudios de diversas disciplinas: los países más corruptos son a su vez los más pobres y está probado que la corrupción profundiza las causas que generan pobreza de diversas formas tales como la creación de ineficiencias en servicios públicos básicos como la educación, la salud o el transporte. Por otra parte, la llamada petit corrupción afecta especialmente y de manera directa a la población más pobre que se ve sometida a pedidos de soborno para acceder a derechos o hacer uso de servicios.

La seguridad jurídica es, de acuerdo a la concepción que se comparte en esta iniciativa, un concepto que va más allá del estado de derecho y exige no sólo que las autoridades sujeten su accionar a las normas jurídicas sino que los legisladores y otros participantes del proceso legislativo hagan sus mejores esfuerzos para que las normas sean eficaces y efectivas. Así las cosas, una mejora en los niveles de seguridad jurídica necesariamente impactará positivamente en el descenso de la corrupción y de los niveles de pobreza e indigencia.