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En los últimos años se viene observando en distintos ámbitos una proliferación de los llamados delitos de odio que engloban los ataques, amenazas o insultos por motivo de raza, etnia, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, situación de pobreza o diferencia ideológica. Especialmente en las redes sociales y otros soportes de internet, la sensación de anonimato e impunidad que tiene el agresor y la facilidad con la que puede difundir su mensaje y hacerlo llegar a miles de personas son dos de los motivos principales de esta proliferación.

Entre los casos más recientes de discursos supuestamente ofensivos podrían citarse los comentarios en Twitter mofándose de las víctimas del accidente aéreo de Germanwings por ser catalanes, las ofensas hacia los toreros tras la muerte en la plaza de Víctor Barrios, actos contra gitanos o agresiones a personas por su orientación sexual.

La investigación de estas infracciones penales es complicada en muchas ocasiones pues se trata de víctimas muy vulnerables que en muchas ocasiones tienen miedo a denunciar. Por ese motivo se trabaja estrechamente con colectivos y organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden sus derechos. Las cifras sumergidas en este ámbito son altísimas, hasta el punto de que algunas estadísticas reflejan que un 86% de los casos no se denuncian.

Otra dificultad a la hora de defender a las víctimas de delitos de odio y discriminación y para afrontar su investigación es que no solo hay que demostrar el hecho, sino su motivación. Es decir, que se ha agredido a una persona por ser homosexual, por tratarse de un inmigrante o por ser gitano.

Ante este fenómeno y su complejidad, en España se ha considerado necesario crear una red de fiscales especializados en la tutela penal de la Igualdad y contra la Discriminación y se buscan prácticas comunes en todo el entorno europeo. La lucha contra los delitos de odio avanza poco a poco y ya existe un protocolo de actuación para formar a los cuerpos policiales y fomentar su sensibilidad en el tratamiento de las víctimas.

El Ministerio del Interior realiza desde 2013 un informe sobre estos delitos con el objetivo de mejorar su identificación e investigación. Un informe que revela que en España hubo un total 1.285 incidentes conocidos en 2014.

La abogacía tiene mucho que decir en la lucha contra los delitos de Odio y Discriminación y por ello se hace necesaria la especialización de los abogados en esta materia. Además, cada vez son máslas voces que reclaman un turno de oficio especializado en delitos de odio y discriminación para proteger y dar una respuesta eficaz a estos tipos penales que a día de hoy, y pese a ser cada vez más frecuentes, han dado lugar aún a pocas condenas.

El I Congreso Nacional de delitos de odio pretende ser un espacio de estudio, reflexión y sensibilización de los operadores jurídicos (jueces, fiscales y policía), para detectar y llegar a las víctimas de forma eficaz, así como para concienciar a toda la sociedad de la necesidad de denunciar estas prácticas a fin de proteger a las víctimas

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2016 (Incluye las recientes novedades introducidas por la reforma del Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal)