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En el año europeo de los ciudadanos (2013), las instituciones europeas persiguen garantizar la libre circulación y la residencia de los ciudadanos europeos y ello implica la consecución de un Espacio Judicial Europeo que permita su traslado de un Estado miembro a otro evitando que obstáculos jurídicos o administrativos vulneren dicha libertad. Con tales fines la Unión Europea ha regulado la validez ejecutiva de los documentos judiciales y extrajudiciales de un Estado miembro a otro, así como su traslado.

Estos avances legislativos no resultaban suficientes, por ello lanzó en 2010 un Libro verde que tenía como objetivos, por un lado, el reconocimiento mutuo de los efectos de los certificados de estado civil y, por otro lado, la supresión de la exigencia de la legalización o la apostilla de los documentos entre los Estados miembros con el fin de promover la libre circulación de los documentos públicos (registrales y notariales). En abril de 2013 la propuesta de Reglamento (COM 2013, 228 final) ha abandonado el primer objetivo, centrándose en la supresión de las formalidades administrativas de autentificación de los documentos públicos entre los Estados miembros y proponiendo el uso de formularios estandarizados multilingües. La propuesta no cubre el reconocimiento del contenido (negotium) de los documentos públicos otorgados por las autoridades de los Estados miembros.

En este contexto resulta necesario analizar como la legislación española y su jurisprudencia regulan la validez de los documentos públicos extranjeros.