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La reciente publicación a finales de enero de la Circular 1/2016  de la Fiscalía General del Estado va a suponer, sin duda, un punto de inflexión en la praxis de la acusación penal en materia de compliance. En dicha Circular la Fiscalía General del Estado explicita, en efecto, los criterios con que va a interpretar el nuevo art. 31 bis del Código Penal. Ha llegado, pues, la hora definitiva del compliance penal y la imputación a la persona jurídica, de forma cumulativa a las personas físicas intervinientes, va a convertirse en regla general. 

Si bien las empresas ya saben ahora, por tanto, las grandes líneas de la estrategia de la acusación pública en esta materia, ¿cómo afrontar la tarea de preconstituir prueba en clave de defensa por parte de la empresa para demostrar que ha sido diligente para prevenir y tratar de impedir la comisión de delitos en su seno? ¿Qué tipo de estrategias de defensa son convenientes en la fase de instrucción y de cara al juicio oral? ¿Qué deben tener en cuenta los compliance officers tras la aparición de la nueva Circular 1/2016?