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El empleo cada vez más extenso e intenso de la tecnología digital ha venido propiciando en estos últimos años notorias transformaciones en múltiples ámbitos. Su incidencia sobre las relaciones sociales, sobre las formas de organización económica, sobre el modo de obtención, disfrute y transmisión de los bienes, y, en suma, sobre las formas de establecer la comunicación interpersonal en todas sus facetas, reclama inevitablemente la atención de los juristas. El universo de las comunicaciones electrónicas es también un universo de relaciones jurídicas, que como tales pueden y deben ser analizadas por y desde el Derecho. Las nuevas tecnologías han planteado retos tanto al intérprete como al legislador. En ocasiones han motivado la propuesta y la adopción de reformas legales para reformular un equilibrio de intereses que se ha visto alterado por las posibilidades que la tecnología ofrece a las partes. En otros casos el legislador ha intervenido para eliminar obstáculos jurídicos al desarrollo de actividades como el comercio electrónico, para facilitar la prueba de las comunicaciones telemáticas, para potenciar la participación ciudadana o para intensificar la defensa de una intimidad que la tecnología convierte a menudo en excesivamente vulnerable. Son muchas las cuestiones abiertas y los problemas por resolver: muchos los problemas que pueden resolverse por medio de una adecuada interpretación de las normas vigentes y a la vez no son pocos los desafíos que exigen la revisión de algunos puntos del ordenamiento positivo, tanto en el plano interno como en el ámbito internacional.