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Ponentes:

•  Alberto Palomar Olmeda, Abogado en el Área de Derecho Administrativo en Broseta Abogados. Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid, Consejero Académico de Fide
•  Mercedes Pedraz Calvo, Magistrada en la Sala de lo contencioso-administrativo Audiencia Nacional. Sección Octava

Moderador:

•  Juan Espinosa García, Socio Fundador, Silverback Advocacy.

Objetivos:Uno de los temas de mayor actualidad es la necesidad de la reconcepción de la intensidad del control jurisdiccional de las Administraciones Públicas. La situación de la jurisdicción contencioso-administrativa la enfrenta a un número de procesos que, probablemente, no puede resolver satisfactoriamente, pero, sobre todo, de un grado de complejidad que exige, probablemente, un despliegue de medios y conocimientos con los que responder a retos que, realmente, son la consecuencia de la transformación social y de las pautas tan cambiantes de la misma.El proceso de transformación social es de tal calibre que ha llegado a poner duda los instrumentos clásicos de la regulación y, como consecuencia, de las formas clásicas del control.En este punto se está planteando en los últimos tiempos un debate sobre el alcance de la actuación de los Poderes Públicos- en el ámbito reaccional- de limitar el conocimiento de la documentación presentada sobre la base de considerar que existe un bien digno de protección como es la confidencialidad de la misma. Este esquema arranca de las inspecciones de la autoridad de competencia y de los procedimientos de clemencia, pero se ha extrapolado a la contratación administrativa.El choque frontal entre la protección de estos derechos y la tutela efectiva y el derecho de las partes a conocer el expediente y los elementos que conforman la esencia de la decisión administrativa objeto de la revisión jurisdiccional es una cuestión cuya relevancia tiene como elemento central la escasez del tratamiento del régimen jurídico de la información y su régimen jurídico y del derecho de las partes al conocimiento de la situación que anuda la decisión administrativa.La sesión tiene por objeto analizar esta situación, los precedentes judiciales tanto en competencia como en contratación administrativa y la búsqueda de esquema de solución del conflicto entre la protección de los derechos individuales y la tutela efectiva.